• Municipio de Oyón invirtió más de medio millón de soles a proveedores que tampoco cumplían con requisitos solicitados, informa la Contraloría.
La Contraloría General detectó que la Municipalidad Provincial de Oyón contrató y pagó por la elaboración de ordenanzas, directivas y asesorías a dos proveedores que no cumplían con los términos de referencia, además que dichos documentos no fueron utilizados de acuerdo a su objetivo y finalidad, lo que generó un perjuicio económico de S/ 613 700.
Según consta en el Informe de Control Específico N° 031-2023-2-2961, que abarca el período del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020, funcionarios del municipio de Oyón requirieron 22 servicios para la elaboración de ordenanzas (19) y asesorías (3), en las que resultó ganador el proveedor GLV Service SAC y cuyas propuestas fueron admitidas a pesar de que incumplió con requisitos como el currículum vitae documentado CV y el Código de Cuenta Interbancaria CCI.
A ello se suma que ninguna de las 19 ordenanzas elaboradas por el proveedor fue aprobada y publicada, de acuerdo al objetivo y finalidad por la cual se realizaron, esto representó un perjuicio económico de S/ 547 700.
Asimismo, se requirieron veinte servicios de asesorías (10) y proyectos de directivas (10), dando como ganador al proveedor Juan Uribe Chávez, quien pese a incumplir en todos los casos los requisitos de grado académico y entrega de Código de Cuenta Interbancaria fue admitido, aprobado y pagado.
En este caso también se advirtió que, de los diez proyectos de directivas requeridos y pagados, ninguno cuenta con algún documento de aprobación y publicación, situación que afecta el objetivo y la finalidad por la que se había solicitado su elaboración y ocasionando un perjuicio a la entidad por S/ 66 000.
Por los hechos expuestos, la Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en once funcionarios de la Municipalidad Provincial de Oyón por lo que procedió a comunicar al Procurador público Especializado en Delitos de Corrupción para que dé inicio a las acciones penales contra los funcionarios comprendidos en el informe, así como al alcalde provincial para las acciones administrativas que correspondan.
El documento en mención se encuentra disponible en nuestro Buscador de Informes de Servicios de Control.
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